Esta semana fue publicada una investigación por el periódico estadounidense The New York Times, el centro de investigación Citizenlab y tres ONGs locales que revela el espionaje a través de un software por parte de autoridades mexicanas a diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La investigación documentó más de 75 mensajes de texto envidados a 15 personas (periodistas, defensores de derechos humanos y sus familiares) entre 2015 y 2016, enlazados a Pegasus, un software espía, propiedad del NSO Group. Esta compañía israelí vende este servicio de espionaje exclusivamente a gobiernos y con la condición de que se use solamente para fines antiterroristas y/o de lucha contra el crimen organizado. Los mensajes iban disimulados como mensajes personales, alertas anti-secuestro, o parecian ser originarios de instancias gubernamentales y del gobierno de los EEUU. Contenían un enlace que infectaba el dispositivo de la victima permitiendo así usarlo como una herramienta de espionaje.
Varios de los periodistas y organizaciones espiados han destapado importantes casos de abuso de poder o corrupción. Entre ellos se encuentran: Carmen Aristegui, su hijo –menor de edad- y diversos miembros del equipo de Aristegui Noticias. Las investigaciones de Aristegui revelaron el escándalo de la “Casa Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto, una residencia ocupada por su familia y pagada por un contratista; Carlos Loret de Mola, periodista del canal de televisión Televisa y del diario El Universal, cuyo trabajo reveló la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte del ejercito mexicano; el Centro PRODH que representa a familias de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y otras organizaciones y periodistas.
“Resulta extremadamente inquietante que el gobierno de México este posiblemente llevando a cabo prácticas dignas de los más viles estados autoritarios contra periodistas y miembros de la sociedad civil”, dijo WAN-IFRA. “Es fundamental que se inicie una investigación para hacer la luz sobre estas revelaciones y se tomen las medidas necesarias para que cesen de inmediato en caso de confirmarse su existencia”.
Los afectados realizaron una denuncia que fue asignada a a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó rotundamente las acusaciones y amenazó con tomar medidas contra quienes la publicaron, antes de retractarse y llamar a que la PGR lleve a cabo una investigación.
Sin embargo, las revelaciones publicadas indican que la PGR es una de las instancias que usa el software Pegasus, junto a al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que haría de la instancia investigadora una de las presuntas responsables del espionaje.
“Es importante que sea un actor independiente, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o alguna instancia especial como una comisión multipartidista del Congreso, quien lleve la investigación de los delitos que emanen de este espionaje ilegal”, dijo WAN-IFRA.
“La experiencia de una investigación extranjera como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) del caso Ayotzinapa está a la mano” declaró a WAN-IFRA Salvador Camarena, respetado periodista de investigación y una de las víctimas del supuesto espionaje. “Vivimos en una muy mala época para el periodismo en México. Hace poco padecimos la pérdida de grandes periodistas como Javier Valdez y Miroslava Breach y en los últimos diez años a más de cien colegas. Esto no es bueno para la prensa en México. Necesitamos la atención de las instancias internacionales en México”, concluyó.
En efecto, estas graves acusaciones se suman a una profunda crisis de seguridad que atravisea la comunidad periodística mexicana y que WAN-IFRA ha denunciado en reiteradas ocasiones en los últimos meses. El sábado pasado, se confirmó la invitación por parte del gobierno mexicano de los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, un solicitud que WAN-IFRA había expresado hace unas semanas.
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