En una entrevista concedida en 2011, Anabel Hernández narraba cómo se vio abocada a dedicarse al periodismo de investigación tras el secuestro y asesinato de su padre en Ciudad de México en diciembre de 2000. La policía le dijo entonces a la familia que solo investigaría el crimen a cambio de dinero. La familia se negó a pagar por los servicios policiales, temiendo a que estos últimos acusarían a cualquiera, con tal de obtener dinero de la familia.
En sus comienzos como periodista en Reforma, en 1993, Anabel se encargaba de las noticias locales y aprendió a recabar información directamente desde las fuentes de la calle. Cuando empezó a trabajar en Milenio, disponía ya de suficiente información como para destapar en 2001 el caso ‘Toallagate’, en el que ponía al descubierto los astronómicos gastos realizados con fondos públicos para la residencia del presidente Vicente Fox. El caso le valió el Premio Nacional de Periodismo de México en 2002. Anabel exponía cómo la oficina del Presidente había gastado alrededor de 440.000 dólares americanos para redecorar dos habitaciones de la residencia presidencial. Esta información levantó inmediatamente una gran controversia ya que Fox había prometido durante su campaña electoral un gobierno de austeridad. Como consecuencia su popularidad descendió en picado, y tanto su mujer como otros cuatro miembros del Ejecutivo perdieron sus empleos en la Administración.
Posteriormente su trabajo la llevó a destapar redes de esclavos y la explotación sexual de jóvenes mexicanas en zonas rurales de San Diego, California, por lo que UNICEF le otorgó un reconocimiento en 2003. A medida que su labor la hizo más conocida, la gente empezó a ponerse en contacto con ella para proporcionarle información y posibles noticias. Así, Anabel Hernández comenzó a investigar sobre los carteles de la droga, quizás el trabajo más peligroso en México. La violencia provocada por el narcotráfico se ha cobrado miles de vidas en el país durante los últimos diez años y los periodistas, por el simple hecho de informar sobre la situación, están permanentemente en el punto de mira, tanto de las fuerzas del Estado como de las bandas de narcotraficantes.
En su último libro, ‘Los señores del narco’ (2010), Anabel detalla la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades, desde el Gobierno hasta la policía, el ejército y los empresarios. Analiza la evolución de la producción y tráfico de drogas en México desde los 70 y desvela el alarmante papel desempeñado por los miembros del Gobierno mexicano y de algunos agentes estadounidenses de la CIA. A través de testimonios e informes oficiales reunidos durante una investigación de cinco años, el libro describe con el máximo detalle el proceso que ha llevado a México a convertirse en el epicentro de los grandes carteles latinoamericanos y en uno de los lugares más violentos del planeta. Tras la aparición del libro, Hernández ha sido objeto de numerosas amenazas de muerte por parte de figuras estatales y no estatales.
Su intención manifiesta como periodista de investigación es trabajar contra la cultura de impunidad que gobierna las acciones de los funcionarios corruptos en México. Anabel afirma que “la corrupción crece con el silencio. Si los periodistas de mi generación permanecen callados, si cedemos en nuestra labor por temor o complicidad, los periodistas de las generaciones venideras se verán condenados a arrodillarse ante esta corrupción. Espero vivir lo suficiente para ver que esto no sucede”.
El panorama político en México
En diciembre de 2006, el Gobierno mexicano declaró “la guerra a las drogas”, implicándose públicamente en una campaña militar a gran escala contra los poderosos carteles del narcotráfico. Estas organizaciones habían controlado hasta entonces las distintas rutas de contrabando a Estados Unidos y habían establecido acuerdos tácitos con la élite política, que hacía la vista gorda a cambio de importantes cantidades de dinero. En 2006, el 90% de la droga que llegaba a Estados Unidos lo hacía a través de México, lo que volvió estas actividades más lucrativas que nunca. Una vez declarada la guerra, los ataques del Gobierno destruyeron el equilibrio de poder entre los carteles y provocaron involuntariamente una carrera entre los traficantes por el control y el aumento de las rutas de contrabando. Desde entonces, los carteles se entregan a la confrontación armada por el dominio de las lucrativas rutas hacia el mercado estadounidense y han ampliado su actividad criminal con secuestros, prostitución, extorsión, así como tráfico de armas y humano.
Esta espiral de criminalidad ha sumido a México en uno de los períodos más oscuros de su historia contemporánea, con una ola de violencia que se ha cobrado la vida de más de 55.000 personas en cinco años.
Consecuencias sobre los medios
Los acontecimientos descritos han tenido un efecto devastador en los medios mexicanos. Según datos de WAN-IFRA, desde que diera comienzo la ofensiva del Gobierno en diciembre de 2006, 30 profesionales de los medios han perdido la vida (4 solo en 2011); en la mayoría de los casos, los asesinos siguen impunes. Así, la violencia y la impunidad son los mayores desafíos para la libertad de prensa, y han hecho de México uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Esta violencia no viene únicamente de los poderes cárteles de la droga, pero también de autoridades de gobierno que no dudan en atacar y amenazar aquellas voces que osan hacer la luz sobre la corrupción y las relaciones que tienen con el narcotráfico. La ‘guerra’ del Gobierno contra los poderosos sindicatos del crimen organizado y la lucha interna de éstos por el control de las rutas comerciales al vasto mercado estadounidense de drogas han originado un vacío de información que afecta a varias regiones del norte del país, ya que los carteles de narcotraficantes –autoridades efectivas en muchas áreas– no dudan en silenciar físicamente a los periodistas. El 25 de marzo de 2011, el fotógrafo Luis Emanuel Ruiz fue asesinado en la ciudad de Monterrey. Con solo 21 años, Ruiz llevaba tan solo ocho meses trabajando para el diario La Prensa y había cubierto la historia de un antiguo drogodependiente que se había convertido en una personalidad televisiva. El 31 de mayo se encontró en la ciudad de Chinameca el cuerpo de Noel López Olguín, un columnista del diario de Veracruz La Verdad de Jáltipan secuestrado el 8 de marzo anterior. López Olguín era autor de una columna en la que informaba incansablemente sobre el tráfico de drogas y la corrupción del Gobierno. El 20 de junio, unos hombres armados con pistolas dispararon contra Miguel Ángel López y su familia, asesinándolos en su propia casa. Como columnista del periódico Notiver, de Veracruz, Miguel Ángel López había escrito poco antes de su muerte sobre el tráfico de drogas en la región. El 24 de septiembre apareció en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cuerpo decapitado de María Macías, redactora de la cabecera Primera Hora. Un mensaje depositado al lado del cadáver acusaba a la periodista de haber denunciado la violencia de las drogas en redes sociales y páginas web.
