La misión de libertad de prensa que WAN-IFRA envío a Caracas en junio pasado reveló graves inquietudes en el terreno de la libertad de expresión: a solo tres meses de las elecciones, el Gobierno está utilizando la intimidación para menoscabar la labor de los medios independientes.
El jueves 28 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó una multa de 2,2 millones de dólares a Globovisión y ordenó arbitrariamente el embargo de los 5,7 millones de dólares sobre los bienes de la emisora. Además, el canal –conocido por sus duras críticas a Hugo Chávez– debe correr con los costos del proceso, que ascienden a 1,3 millones de dólares.
“Una decisión tan desproporcionada y arbitraria del Tribunal Supremo de Justicia es una burda maniobra política para reprimir a los principales medios de la oposición durante la campaña electoral”, afirmó Alison Meston, directora de Libertad de Prensa de WAN-IFRA. “Es una evolución alarmante y una advertencia para todos los medios ante estas elecciones que serán de gran importancia, no solo para Venezuela, sino también para toda América Latina”.
El subdirector de IPI, Anthony Mills, declaró: “La ratificación por parte de Tribunal Supremo de esta exorbitante multa impuesta a Globovisión y del embargo de sus bienes forma parte del deterioro de la libertad de prensa en Venezuela a través de ataques y acoso a los medios críticos a poco tiempo de las votaciones”.
El canal está actualmente a la espera de la resolución de un recurso de nulidad de la multa original.
Esta le fue impuesta a Globovisión en octubre de 2011 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), que afirmaba que la estación de televisión había sembrado “miedo, odio e intolerancia” a través de su cobertura del motín carcelario en la penitenciaría de El Rodeo, en la ciudad de Guatire, a las afueras de Caracas. Dos apelaciones interpuestas por Globovisión han sido rechazadas por el Tribunal Supremo.
El abogado de la empresa de medios insiste en que la decisión del Tribunal es una violación del proceso de justicia, ya que no se puede ordenar un embargo de bienes durante un juicio en curso.
En un esfuerzo por evitar el cierre del canal, Globovisión pagó la multa inicial impuesta por el Tribunal al día siguiente de hacerse pública la decisión del embargo. En teoría, el pago debería asegurar el levantamiento del embargo durante esta semana.
La decisión del Tribunal Supremo sigue un patrón de ataques a los medios que se intensifica por todo el país. El acoso judicial y administrativo, las amenazas físicas y los insultos públicos que los miembros del Gobierno difunden a través de los medios controlados por el Estado son tácticas frecuentes orientadas a reprimir la disensión. También ha crecido el número de agresiones violentas: el 29 de mayo se tiraba una granada a la sede del diario Qué Pasa, en la ciudad de Maracaibo, estado de Zulia. Horas más tarde se produjeron 14 disparos en el edificio de Catatumbo TV, mientras que el 3 de junio también hubo un tiroteo en la sede del periódico Versión Final.
En un informe (http://www.wan-ifra.org/node/59649 [1]) publicado el 18 de junio, WAN-IFRA describe cómo la violencia y la autocensura amenazan con deteriorar seriamente el papel de los medios de cara a las elecciones de octubre. La organización hizo un llamamiento a las autoridades nacionales y estatales para que garanticen la libertad de prensa y aseguren que tanto el estado como los medios independientes sean capaces de cubrir los comicios de forma libre y sin temor a represalias.
