El miércoles 12 de marzo, Flores recibió tres llamadas amenazantes al teléfono de su oficina en Ciudad de México. El hecho ocurrió dos días después de que Flores visitara y entrevistara a otros periodistas amenazados en el estado de Michoacán, al este del país, donde el gobierno federal se ha aliado con grupos de autodefensa en el combate contra el crimen organizado.
La persona que llamó dijo que era originario de Michoacán, que llevaba 15 días siguiendo a Flores y que había sido contratado para causarle daño.
“Es profundamente preocupante que aquellos que se dedican a defender la libertad de expresión en México sean también el blanco de ataques”, dijo Rodrigo Bonilla, Gerente Regional para América Latina de WAN-IFRA.
Las autoridades de Ciudad de México tardaron 25 horas en responder a la solicitud presentada por Flores a través del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La representante de Reporteros Sin Fronteras ha interpuesto también una denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República y ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
A pesar de la puesta en marcha de estos mecanismos e instituciones de protección, las autoridades mexicanas han sido fuertemente criticadas por la falta de rapidez en sus reacciones y su incapacidad para sancionar a los autores de estas violaciones.
“Hay que reforzar una serie de medidas de seguridad pero no tengo intención de dejar ni mi país ni mi trabajo”, comentó Flores al respecto. Flores cuenta con vigilancia permanente de la policía capitalina en su residencia particular y en su oficina y limita sus movimientos en la ciudad.
Esta amenaza contra un defensor de la libertad de expresión no es un hecho aislado. En abril de 2013, la organización Article 19 denunció una amenaza de muerte en contra de su director general, Darío Ramírez, y de otros empleados de la organización en México. Hasta la fecha, las autoridades mexicanas siguen sin resolver el incidente.
El domingo 16 de marzo, Ramírez reportó que su casa fue allanada sin que se pueda determinar si el hecho fue un delito común o si está vinculado con su trabajo como defensor de la libertad de expresión.
“Balbina Flores se ha visto forzada a tomar las mismas medidas que aquellos periodistas que ayuda”, dijo Rodrigo Bonilla. “Exhortamos al gobierno federal de México a investigar rápidamente, castigar a los responsables de estas amenazas, y ofrecer mejor protección a periodistas y defensores de libertad de expresión, para que puedan ejercer su trabajo libremente.”
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