En la madrugada del pasado 6 de mayo, funcionarios judiciales de Coahuila llevaron acabo un allanamiento en la propiedad del Sr. Castilla, con el apoyo de 60 personas, 30 de ellos miembros de un grupo policíaco de elite portando armas de fuego y manejando maquinaria pesada. Dicho operativo respondía a una orden judicial cuyo propósito era el desalojo en un litigo de deuda hipotecaria en el predio.
El operativo se llevó a cabo un día después de la publicación por parte de Vanguardia de un editorial [1] denunciando actos de desprestigio e intimidación sufridos por el medio en los últimos meses. Uno de ellos en contra de una periodista que fue demandada recientemente, junto con el diario, por el ex-gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por supuesto daño moral tras la publicación de una nota el 18 de febrero de 2016.
“La desproporcionada muestra de fuerza en el marco de una demanda civil y la serie de actos intimatorios que ha sufrido el medio en lo últimos meses, arrojan serias sospechas sobre una posible intención de amedrentamiento detrás del operativo”, dijo Marcelo Rech, Presidente del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA.
Rech, Vicepresidente Editorial del Grupo RBS de Brasil, recordó que “garantizar la libre expresión es una de las responsabilidades más importantes de las autoridades de gobierno, y para ello este último debe garantizar el libre ejercicio de la labor periodística para todos los medios de su estado”. Asimismo, Rech exigió al gobierno del estado “que otorgue garantías de que los actos cometidos el 6 de mayo en el predio del Sr. Castilla no fueron con el objeto de intimidar la labor periodística de Vanguardia y que investigue de inmediato las amenazas denunciadas por el diario como prueba del compromiso del gobierno de Coahuila con la libertad de prensa.”
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