La situación económica, social y política en Venezuela es, por decir lo menos, crítica. Desde 2014, el país atraviesa por una crisis económica producida por la caída de los precios del petróleo y la mala gestión del gobierno. Existe un profundo descontento social resultado de la exigencia generalizada de un cambio en la administración.
Hasta el 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha contabilizado 676 presos políticos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU estima que 5 mil personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 120 han muerto. Frente a esto, el gobierno trata de recuperar el control político a través de la creación de una Asamblea Constituyente, la cual posee facultades que podrían reforzar la concentración de poder y debilitar a la disidencia y a la oposición.
En este contexto, el gobierno ejerce un control de la información cada vez más férreo a través de diversos mecanismos. Si bien el periodismo independiente subsiste en este entorno hostil a base de solidaridad, innovación y resiliencia, existe una profunda inquietud ante los recientes acontecimientos políticos de que la libertad de informar se vea aún más coartada.
El régimen de control informativo venezolano
De acuerdo con el el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, la república bolivariana ocupó el lugar 137, de entre 180 países evaluados. Desde las sanciones judiciales, pasando por la compra de medios e incluso agresiones físicas, la libertad de prensa en Venezuela se ha visto atacada desde diferentes frentes.
Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional [1], ha conocido de cerca estos artilugios. Lleva dos años y medio en el exilio debido a un proceso iniciado en su contra por un tribunal penal. Tanto él como la directiva del periódico y el consejo editorial, han vivido los embates del aparato judicial por replicar un reportaje publicado por el diario español ABC en agosto de 2015, donde el líder chavista Diosdado Cabello era vinculado con el narcotráfico.
“La censura ha cambiado desde la época de las dictaduras bananeras y se ha vuelto más sofisticada. Antes la censura era previa. Ellos [el régimen de Maduro] no van por la censura previa, sino por el castigo posterior, o sea la retaliación contra el medio”, evidencia Otero.
El uso de la justicia de forma arbitraria e imparcial forma parte de la estrategia del gobierno para intimidar a las voces disidentes, y así promover la auto-censura entre los medios independientes. La amenaza de ser perseguidos por un aparato judicial en manos del gobierno, opera como una eficaz vía de control.
A esto se suman los mecanismos legislativos para controlar y amedrentar a la prensa. Desde 2010, la radio y la televisión en Venezuela se encuentran amenazadas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley de RESORTE, que declara a los medios como de “interés público” y los somete a controles y regulaciones estatales arbitrarios e intimidatorios.
El gobierno cuenta, además, con un sistema de medios estatales y propagandísticos apoyado por empresas mediáticas privadas afines. “Desde que llegó Nicolás Maduro se instauró la compra de medios privados con capitales privados también, pero cercanos al gobierno. Entre 2013 y 2014 estos capitales ‘misteriosos’ y de procedencia desconocida comenzaron a actuar. Globovisión, por ejemplo, solía ser la bestia negra del chavismo y en 2013 cambió su línea editorial radicalmente”, comenta Ewald Scharfenberg, corresponsal del diario español El País y co-fundador del portal Armando.info [2].
Por si fuera poco, el gobierno controla la importación de papel en el país, por lo tanto éste decide cuánto vende y a quién, reforzando el control institucional de la prensa escrita. Los medios afines reciben papel subsidiado o apoyos en dólares, mientras que los opositores reciben precios que retan sus posibilidades económicas.
Hay diarios que no acceden a ninguna de las opciones, tal es el caso de El Nacional: “A nosotros ni dólares, ni venta de papel. Podríamos comprarlo con dólar libre (o negro), pero eso hace que el periódico no sea competitivo”, comenta Otero. El Nacional redujo su paginación y tiraje, y se mantiene en circulación gracias a que otros periódicos de la región como El Universal de México o La Nación de Argentina le envían papel. “Es una empresa que no produce ganancias, estamos en modo de supervivencia”, concluye.
A lo anterior se suman las crecientes agresiones contra la prensa. Según datos de la ONG venezolana Espacio Público, entre el primero de abril y el 15 de julio de este año se documentaron 554 ataques, entre intimidaciones, amenazas y restricciones administrativas. Los reporteros y periodistas gráficos han sufrido la mayor cantidad de ataques, con 264 y 98, respectivamente. Sólo en abril, fueron detenidos 18 trabajadores de la prensa y 125 fueron agredidos.
Además, el #30Jul, día de votación de la Constituyente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), documentó al menos 10 hechos violatorios de la libertad de expresión y de acceso a la información. 15 trabajadores de la prensa fueron afectados por agresiones o robos durante la cobertura y cuando menos cinco resultaron heridos. 
Como afirma Scharfenberg, a pesar de que los mecanismos de censura son en muchas ocasiones sutiles, vienen con toda la fuerza del engranaje estatal. Pero esto no exime su gravedad: “El silencio se consigue de otra manera, con formas sutiles y sofisticadas que procuran conseguir el mismo silencio en el gremio que la violencia que constata un asesinato en lugares como México”, apunta el reportero internacional.
Resistir con emprendimientos, solidaridad y tecnología
Esta hostilidad ante la prensa ha promovido el emprendimiento de medios digitales como la respuesta más viable. El auge de los portales de información en línea inició en 2014. Contrario a otros países, donde la digitalización de la información se ha reforzado naturalmente como parte de la generalización del acceso a internet, en Venezuela se ha manifestado como una necesidad de supervivencia informativa.
“Los emprendimientos periodísticos no sólo son necesarios, sino que mientras más haya, mejor. En Venezuela, han sido una salida digna e inteligente ante la censura y represión del Estado, así como una apuesta por la libertad”, señala la periodista Laura Weffer, quien en 2015, junto a la también periodista Luz Mely Reyes, fundó Efecto Cocuyo [3], un medio digital dedicado al periodismo investigativo, una actividad fundamental y de extrema complejidad en el contexto venezolano actual.
Runrun.es [4], es otro nuevo medio digital que apuesta por la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno, que ha promovido las alianzas de cobertura informativa. Junto a otros medios independientes como Tal Cual [5], Crónica.Uno [6] y El Pitazo [7], formó una alianza para monitorear las protestas (Protestas 2017 [8]). Del mismo modo, integró una alianza para el periodismo de investigación con Armando.info (medio fundado por Scharfenberg y Armando Meza, también corresponsal de El País) y El Pitazo. Las alianzas permiten compartir fuentes, información e incluso vuelven las coberturas más seguras.
A la compleja situación que vive el periodismo, se suman las presiones comerciales y la búsqueda de ingresos. Efecto Cocuyo se encuentra desarrollando un modelo de suscripción. Una apuesta riesgosa ante la crisis económica pero que podría funcionar como un catalizador de la solidaridad que la gente les ha mostrado desde su fundación (la plataforma se creó gracias a una campaña de crowdfunding).
También las alianzas estratégicas se trasladan al plano comercial. El proyecto de Runrun.es con El Pitazo y Tal Cual, incluyó una estrategia conjunta publicitaria, compartiendo ingresos y uniendo esfuerzos de atracción de clientes.
Como nota Weffer, la situación del país presenta retos que difícilmente se pueden afrontar estando cada quien por su lado: “aliarse quizás va en contra del espíritu competitivo del periodismo y de tener la exclusiva, pero todo se hace en aras de la seguridad. Cada vez creamos alianzas más fuertes para hacer un frente común contra la censura y el autoritarismo del gobierno”.
Los periodistas venezolanos también han conseguido dominar herramientas tecnológicas como las aplicaciones de mensajería y la seguridad digital, y usarlas a su favor. “Los reporteros tienen al menos cinco chats de periodistas para enterase de los acontecimientos. Son una suerte de alertas para tu medio o equipo de trabajo y aunque no estés en un lugar puedes tener acceso de primera mano a los eventos”, confirma Carmen Riera, directora de gestión editorial de Runrun.es.
Se ha avanzado de manera importante en términos de protección electrónica de documentos, redes sociales y fuentes. Scharfenberg señala que “ha sido una experiencia sana, se ha perdido la virginidad tecnológica y se han dado pasos agigantados en términos de seguridad cibernética para periodistas”. Lo interesante es que los reporteros han compartido estos conocimientos sin importar el medio de procedencia.
Un futuro incierto
Hoy día, los medios internacionales en sus versiones digitales, las redes sociales como Twitter y Facebook y los medios digitales locales, son prácticamente el único recurso para que las y los venezolanos conectados se enteren de versiones alternativas a las oficiales.
Sin embargo, existen graves amenazas a estos espacios. Según un estudio [9] de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de 2016, Venezuela tiene la menor velocidad de conexión a internet por medio de la banda ancha fija en la región, con sólo 1.9 Mbps, mientras que el promedio regional es de 4.7 Mbps. Las limitaciones del ancho de banda parecen ser también parte de la maquinaria estatal de control informativo.
Asimismo, se teme por los alcances que pueda tener la recién creada Asamblea Constituyente. Si refuerza los poderes dictatoriales del régimen de Maduro, muy probablemente se extenderá más el alcance del control gubernamental sobre la información, afectando el acceso a internet y las redes sociales. “Podrían seguir paradigmas chinos, cubanos o iraníes de control de internet”, sentencia Miguel Henrique Otero. El régimen ha bloqueado páginas de internet anteriormente (como los sitios de CNN en español y El Tiempo de Colombia) por publicar informaciones consideradas contrarias a la versión oficial.
El 8 de agosto, la Constituyente creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En sus estatutos se establece que la Comisión se encargará de regular “los actos como la difusión de contenidos que inciten a la violencia o al odio”. Según Otero, esta comisión podría clausurar los pocos medios independientes que sobreviven.
Como confirma Ewald Scharfenberg, el contexto político actual abre una dimensión desconocida para los venezolanos, donde la expectativa general es negativa. El panorama se oscurece cada día más, pero la prensa todavía puede ser un factor de cambio.
A pesar de que todo indique que el control gubernamental sobre la información será cada vez más férreo, la apuesta por el periodismo independiente como el de El Nacional, Efecto Cocuyo, Runrun.es, El Pitazo, Tal Cual, y muchos otros, sigue siendo fuerte. “Hay pequeñas rendijas a través de las cuales uno se puede colar. Los periodistas venezolanos han hecho una labor titánica y con muchos resultados en cuanto a investigación. Ante las condiciones más hostiles se han publicado trabajos que incluso han sido reconocidos internacionalmente”, comenta Laura Weffer, quien junto con su equipo ganó en 2014 el prestigioso Premio Gabriel García Márquez.
Las posibilidades tecnológicas de la era digital y la conectividad global actual seguirán jugando un papel fundamental para los medios venezolanos. La mirada global que brinda la prensa internacional representa un factor determinante, al igual que la solidaridad regional y mundial de la industria, para despertar conciencias, hacer presión y no bajar los brazos ante la inquietante incertidumbre.
¿Cómo hacer periodismo en entornos tan hostiles? “Con agallas. Teniendo una firme convicción, pasión por el oficio y ganas de que la gente tenga la información que debe tener”, concluye Carmen Riera.
