En una combinación de sesiones públicas y privadas, los delegados de los 35 estados miembros de la OEA (todos los países de la región excepto Cuba) decidirán si se mantiene viva la mencionada Comisión de Derechos Humanos en su forma actual, si se debe modificar tornando obligatoria una serie de "mejoras" - entre las cuales tres son un intento disimulado para neutralizar su capacidad de acción por parte de países hostiles a su autoridad-o si se le quita su autonomía transfiriendo el poder de decisión a la Asamblea general de la OEA. Si el péndulo oscila hacia cualquiera de las dos últimas opciones, el periodismo en el hemisferio occidental sufrirá un golpe demoledor.

Bajo el paraguas de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, existen ocho Relatorías Especiales. La más dinámica de ellas es la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, que actualmente está encabezada por la jurista colombiana Catalina Botero.

Desde su fundación en 1997, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión "ha hecho exitosos esfuerzos hacia la despenalización de las leyes de difamación y desacato en muchos países de la región, ha arrojado luz sobre violaciones de la libertad de expresión, y ha apoyado a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de su derecho a la libertad", según José Miguel Vivanco, Director de la División Américas de Human Rights Watch. "Es, sin exagerar, la envidia de sus contra-partes en otras regiones" le dijo a la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA) .

La institución es muy crítica de los gobiernos que practican censura o no cumplen con proteger a sus periodistas, y publica un informe de 300 a 400 páginas cada año, detallando el estado de la libertad de expresión en cada país del hemisferio, así como informes por país más específicos y más elaborados. Rodrigo Bonilla Hastings, Responsable de Misiones de Libertad de Prensa de WAN-IFRA, afirma que estos informes son "una herramienta invaluable para la defensa y promoción de la libertad de expresión en la región".

Algunos jefes de Estado del hemisferio, sin embargo, tienden a estar en desacuerdo. El Presidente Rafael Correa de Ecuador, por ejemplo, tiene poco respeto por la institución que lo critica regularmente por su abierto desprecio por la libertad de prensa, por debajo de la cual ha ido discretamente poniendo cartuchos de dinamita durante casi un año.

En junio pasado, la OEA creó un grupo de trabajo cuyo mandato declarado fue "el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos." Pocas horas antes del final de la última reunión del grupo de trabajo el 13 de diciembre de 2011, Ecuador planteó una serie de recomendaciones para silenciar a la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión, haciéndolas pasar por "mejoras" que refuerzan la protección de los derechos humanos en la región.

Con el apoyo de Venezuela, tres de las recomendaciones realizadas por Ecuador llegaron a la lista final de propuestas del grupo de trabajo: una que ahoga su financiación, otra que reduce sus exhaustivos informes anuales para convertirlos en una visión general de 2-3-páginas, y una tercera que reduciría su capacidad de acción al someterla a un amplio código de conducta de la Comisión de Derechos Humanos.

En enero de 2012, el Consejo Permanente aprobó las propuestas, con las reservas procedentes de nueve países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguay y Estados Unidos) haciendo hincapié en la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos y su capacidad de aceptar o rechazar las recomendaciones, e indicando claramente su expectativa de que éstas serían interpretadas de tal manera de fortalecer los derechos humanos en la región.

Después de una visita al Presidente Correa el 10 de mayo en Quito, el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, redactó un informe que ignora las reservas de los nueve Estados, proponiendo en su lugar una revisión del estatuto de la Comisión de Derechos Humanos que se discutirá en la próxima reunión de la Asamblea General. Con esto, Insulza dejó entrar intereses políticos al debate, lo que socava la independencia de la Comisión de Derechos Humanos, y abre la puerta para que los Estados utilicen la presión política para eludir la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos y la de sus Relatores Especiales.

Agravando la renuencia de Insulza en defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos está el hecho de que muchas naciones cuya situación de libertad de prensa ha sido investigada por la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión "parecen ambivalentes" sobre la próxima decisión, según Frank Smyth, Asesor Senior para la Seguridad periodista del Comité para la Protección de los Periodistas. En un artículo publicado ayer, explica: "Argentina y Brasil, cada uno de los cuales tiene su propia tensión permanente con la prensa, se mantuvieron [según se informa] en gran medida en silencio. El embajador de Colombia ha dicho públicamente que los cambios propuestos no son drásticos, informó la revista Semana de Colombia. Se espera que Bolivia y Nicaragua, ambos países también con Presidentes de izquierda, voten con Ecuador y Venezuela".

Violencia, impunidad, auto-censura y blackouts informativos en México, América Central, Colombia y Brasil; ofensivas del gobierno contra la prensa en Venezuela, Ecuador, Argentina y Nicaragua: no es exagerado decir que el periodismo en las Américas se enfrenta a uno de sus períodos más difíciles desde el final de las dictaduras militares de los años 1970 y 1980.

"Es muy preocupante saber que en estos tiempos críticos, una de las instituciones más eficaces para defender a la prensa corre el riesgo de ser efectivamente desmantelada o seriamente debilitada", dijo Larry Kilman, Director general adjunto de WAN-IFRA. "Los delegados y los líderes deben ser conscientes de que ahora, más que nunca, la prensa necesita de instituciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión".