“Conforme se acerquen las elecciones, más riesgo corren los medios de ser atacados”, advirtió Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, en un encuentro con una delegación de WAN-IFRA en Caracas, el 4 de junio.

Durante los 14 años de mandato de Chávez, su Gobierno ha concebido un sofisticado y agresivo modelo de control de los medios independientes. Mediante un acoso judicial a empresas mediáticas y periodistas, una restrictiva legislación, una atribución desigual de la publicidad oficial, un poderoso aparato de medios estatales utilizado para desacreditar e intimidar a medios independientes del gobierno, y amenazas o ataques físicos por representantes y simpatizantes oficialistas, la administración Chávez ha conseguido en efecto silenciar las voces críticas más influyentes manteniendo, al mismo tiempo, una apariencia de pluralidad mediática.

El canal privado Globovisión, muy crítico del gobierno de Chávez, enfrenta actualmente una colosal multa de 2,18 millones de dólares impuesta en Octubre 2011 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por considerar que a través de su cobertura del motín carcelario en la cárcel del Rodeo en junio 2011, se genero “zozobra”, odio e intolerancia. Dos de los tres recursos presentados por Globovisión para suspender la multa han sido rechazados por el Tribunal Supremo de Justicia, y se teme que durante la campaña electoral, se pueda exigir el cierre administrativo del canal.

Los canales de televisión con mayores índices de audiencia fueron cerrados y muchos de ellos se vieron forzados a adaptarse a los dictados del partido dirigente. Un total de 32 emisoras de radio han sido clausuradas, además de un canal nacional (RCTV) y dos regionales, mientras que progresivamente se ha asfixiado a los periódicos de la oposición a través de una desequilibrada distribución de la publicidad oficial y de un descenso generalizado de los ingresos publicitarios del sector privado, que ha retrocedido considerablemente en los últimos 13 años.

La estrategia se ha revelado tan efectiva que muchos gobiernos populistas de izquierda han copiado y aplicado métodos similares en sus entornos nacionales, con actitudes igualmente intolerantes hacia el disentimiento: Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, y Daniel Ortega en Nicaragua.

No obstante, a medida que se aproxima el día del sufragio, muchos temen que la presión se intensifique aun más: “Los ataques a los periodistas se agudizan durante los años electorales”, explicaba Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, un observatorio local de los medios. “Estas votaciones son las más importantes desde la llegada de Chávez al poder y tememos por ello que se produzca el mayor índice de agresiones a los medios jamás registrado”.

La creciente tensión electoral ya se está traduciendo en un aumento de los ataques a los profesionales de la información. Un equipo de periodistas del diario El Universal recibió el 1 de junio una amenaza anónima, exigiendo el cese de sus investigaciones en torno a las condiciones de las cárceles en Venezuela. Las indagaciones habían comenzado a raíz de un motín de dos semanas que protagonizaron en abril los prisioneros del centro penitenciario de La Planta, en Caracas; el levantamiento se saldó con la vida de nueve personas. Los periodistas María Isoliett Iglesias, Deivis Ramírez, Tomás Ramírez González y Luis García presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para exigir protección, denuncia aceptada por la oficina del Fiscal General venezolano.

Elides J. Rojas, redactor jefe del diario El Universal, explicó que “las amenazas, unidas a las agresiones físicas, favorecen la autocensura, lo cual forma parte de la deliberada estrategia del Gobierno para controlar los medios. Los ataques verbales lanzados por el Presidente en los medios públicos han polarizado la audiencia y han destruido la credibilidad de los medios independientes. En caso necesario pueden lograr incluso el cierre de una empresa de información”.

Con sede en Caracas, El Universal es uno de los periódicos nacionales más importantes de Venezuela y crítico acérrimo del Gobierno de Chávez. Pero este tipo de ataques son también una realidad lejos de la capital, y “las condiciones para los periódicos de provincia son críticas”, alerta Marianela Balbi. La situación parece alcanzar un punto álgido en el estado de Barinas, donde es gobernador nada menos que Adán Chávez, el hermano de Hugo Chávez. Los dirigentes de este estado han intimidado y acosado de forma sistemática a los canales de televisión, las emisoras de radio y las publicaciones que no están bajo su control.

El caso del diario La Prensa revela la magnitud de estos ataques. El 21 de mayo, las contribuciones de Jesús González Cazorla y Omar Arévalo, columnistas de la cabecera que denuncian de forma continua irregularidades y casos de corrupción entre los oficiales del Gobierno, no aparecieron en el cotidiano. La decisión de no publicar sus artículos de opinión llegó después de que representantes gubernamentales regionales se reunieran con el hijo del propietario del periódico, en ausencia de Alberto Santeliz, director del mismo y conocido por desmarcarse de la línea del Gobierno. El 23 de mayo, un editorial firmado por el editor del periódico, Rúbico Ramírez González, anunciaba un cambio en la línea editorial, criticando la anterior tendencia, que era claramente independiente del Gobierno. El Colegio Nacional de Periodistas, CPN, lanzaba un comunicado el 24 de mayo denunciando los atentados constantes a la prensa en Barinas desde enero y afirmando que “el gobernador Adán Chávez Frías (…) ejecuta una sistemática política de aniquilamiento de la libertad de expresión, particularmente de los espacios de periodistas (…) no afiliados o afectos al PSUV (partido de gobierno) o al oficialismo. (…) Tristemente Barinas pasa a ser el Estado de Venezuela con más violaciones a la libertad de expresión”.

Lo sucedido en Barinas es una muestra más de lo que viene azotando a la prensa desde hace 14 años: un sofisticado mecanismo utilizado para acallar voces críticas. “Es un error definir este régimen como una dictadura”, explicaba Teodoro Petkoff, director del diario opositor Tal Cual. “Es mucho más complejo: este régimen es un híbrido extraño que alterna elementos dictatoriales y democráticos. No existe una censura previa a la publicación, pero el Gobierno se las arregla para eliminar de facto toda opinión adversa y crear un clima que favorece la autocensura, especialmente en las provincias”.

La visita de WAN-IFRA reveló que los medios independientes están polarizados y debilitados y se enfrentan a una tensión política cada vez mayor de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Nuevas amenazas, agresiones físicas, acoso judicial y administrativo hacia medios regionales y nacionales; todo apunta al comienzo de un período de violencia, intimidación y autocensura.

“Estamos consternados ante el hecho de que la autocensura y la violencia aumentan a medida que se acercan las elecciones”, afirmó Larry Kilman, subdirector general de WAN-IFRA. “Las autoridades venezolanas –a nivel nacional y estatal– tienen que garantizar que tanto los medios estatales como los medios independientes sean capaces de llevar a cabo la campaña electoral con libertad, sin miedo a represalias”.

WAN-IFRA, que representa a 18.000 publicaciones, 15.000 páginas web y 3.000 empresas en más de 120 países, ha expresado recientemente su creciente preocupación ante tales ofensas gubernamentales contra medios independientes en numerosos países latinoamericanos. La organización global de la prensa visitó Ecuador hace seis meses y publicó un informe extremadamente crítico sobre el aumento del acoso gubernamental hacia los diarios independientes en el país andino. En diciembre de 2011, manifestó su desacuerdo con el iniciativa del Gobierno argentino para controlar Papel Prensa, el mayor fabricante de papel prensa del país. En los últimos cinco meses, WAN-IFRA se ha opuesto con vehemencia a las iniciativas de los Gobiernos ecuatoriano y venezolano para debilitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de Venezuela, WAN-IFRA seguirá trabajando activamente para informar a la comunidad internacional sobre las realidades a las que se enfrentan los profesionales de la prensa en este delicado período, cada vez más peligroso para la libertad de expresión.