Según datos de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA, el año 2012 terminaba con el funesto balance de 68 periodistas muertos, siendo el actual conflicto en Siria responsable del mayor número de víctimas. Puede que un efecto de la era de la conexión global sea un insaciable deseo de información, pero la triste realidad es que los periodistas continúan perdiendo la vida tratando de conseguir esa información.

Y, si bien las causas de las muertes son distintas, el común denominador es que los “asesinos no han de rendir cuentas de sus actos”, según Guy Berger, director de la división de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación de la UNESCO.

La palabra apropiada para denominar esto es impunidad, entendida como falta de justicia e indicador del mal endémico de una sociedad rota. La impunidad de aquellos que atacan a los periodistas – ya se trate de criminales, terroristas o fuerzas oficiales del Estado– transmite el mensaje institucionalizado de que es aceptable arremeter contra aquellos que denuncian verdades incómodas. Esto desalienta la investigación y silencia las críticas, devaluando la función vigilante de la prensa sobre las instituciones gubernamentales. Asimismo, anima a quienes ostentan el poder a pisotear los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Y, lo que es peor, la impunidad garantiza la repetición de ataques similares, año tras año. En la década entre 2002 y 2012 se registraron al menos 801 muertes de periodistas.

Si se diesen las mismas estadísticas nefastas en cualquier otra profesión, una que tuviese tanto impacto sobre cómo se define y se entiende el mundo en que vivimos, cabe imaginarse que el clamor de protesta sería mayor, las investigaciones para esclarecer los delitos perpetrados no tendrían fin y los esfuerzos por invertir dicha tendencia encontrarían eco en todo el mundo.

Eso sería lo propio.

Imaginemos por un momento que políticos, legisladores o líderes religiosos fuesen también objetivo de crímenes similares, con igual frecuencia y en las mismas circunstancias. Pensemos en el impacto tremendo que tendría en esos sectores de la sociedad y en cómo ello afectaría a nuestro paso por el mundo.

Los medios de comunicación, en cuanto Cuarto Poder de la sociedad, no han de ser una excepción.

Cierto es que, en algunas áreas del mundo devastadas por las guerras y los conflictos de poder, la crisis generalizada es ya una realidad. Este año han sido asesinados 16 periodistas en Siria y otros 14 en Somalia; datos que de forma harto simplista, sin por ello resultar menos chocantes, podrían achacarse a la ausencia total de imperio de la ley.

Del mismo modo, la idea de que los periodistas puedan ser imprudentes en el ejercicio de su trabajo o de que las agencias de noticias en dificultades económicas sean éticamente cuestionables por confiar en reporteros independientes o corresponsales locales, aborda los síntomas sin atajar el mal de raíz.

Hannah Storm, directora del International News Safety Institute (INSI), incide en que el problema de la seguridad “ha de formar parte del diálogo y de la cultura”; algo en lo que coinciden cada vez más personas en la industria mediática internacional.

Si bien esto no supondrá mayores problemas para los medios grandes o con recursos, el reportero paquistaní Umar Cheema advierte que ni el Gobierno de Islamabad ni los editores de noticias locales han tomado aún medidas de seguridad adecuadas para proteger a los profesionales enviados a cubrir lo que sucede en los muchos y distintos frentes abiertos en su país. Puede que el material de trabajo (como cámaras, etc.) esté asegurado, pero la idea de asegurar la vida o la salud de los periodistas sigue siendo un anatema.

Precisamente dicha actitud espolea a los grupos defensores de los derechos mediáticos en todo el globo a destacar la importancia de la seguridad de los periodistas, desde la sala de reuniones hasta el terreno. El plan de acción de Naciones Unidas ‘The United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists’, suscrito en noviembre de 2012, tiene por objetivo conseguir que la organización y sus estados miembro involucren a la sociedad civil y a los medios de comunicación en las cuestiones relacionadas con la protección de los periodistas.

Cuando la impunidad domina el entorno, la independencia del sistema judicial es cuestionada y los servicios de seguridad y las autoridades políticas se encuentran envueltos en corrupción, no hay margen de actuación para nadie, al menos para ningún periodista. La corrupción alimenta un sistema depravado, ya sea económica, ideológica o políticamente. En dichos contextos, los mandatarios ven el periodismo como un inconveniente y la solución más fácil es siempre silenciar el periodista.

Bajo la premisa de que las cosas son así y no hay nada que cuestionar, se transmite un mensaje tajante a los medios, inevitablemente abocados a practicar la autocensura y guardar silencio sobre cuestiones controvertidas, y a la sociedad en general. De esta manera, la calidad y la profundidad de la información disponible disminuyen y los controles e informes publicados pierden toda significación al verse los medios cercenados en el cumplimiento de su misión de servicio público.

Cualquier persona, organización o institución implicada en la muerte de un periodista que siga disfrutando de libertad subraya lo dicho.

El ‘cerrar los ojos ante un asesinato’, sea cual fuere el contexto, pone a prueba nuestra percepción del tipo de sociedad en la que vivimos. Así, por lo general, nos sentimos más molestos cuando se asesina impunemente un periodista en un país democrático, dado que esto nos acerca demasiado a la idea de caos.

Con todo, la historia continúa, dejando atrás a un periodista asesinado. No hay ley que pueda justificar la falta de compromiso para acabar con la impunidad. La periodista y escritora mexicana Anabel Hernández denuncia que en su país “los periodistas son presa fácil” y apunta que, pese a todas las enmiendas legales acometidas para designar a fiscales, “aún no se ha conseguido detener a los asesinos de los periodistas muertos”. Además, añade que “tales iniciativas no han tenido ningún efecto positivo, dada la falta de voluntad de hacer leyes y programas que realmente protejan a los periodistas”.

En México, como en cualquier otro lugar plagado por la impunidad, aquellos que debieran proteger a los periodistas se hallan frecuentemente involucrados en los más horrendos crímenes contra ellos.

Un velo de tristeza empaña el mundo de los medios de comunicación cuando un colega pierde su vida en el ejercicio de su profesión. La reflexión que un crimen así suscita resuena en todo el sector y hace superflua cualquier explicación. No obstante, la recurrencia de las causas desencadenantes de estas muertes apunta a una sistemática violación de la justicia, independientemente de dónde tengan lugar. ¿Acaso son prescindibles los periodistas una vez cumplida la agenda informativa de veinticuatro horas? Quizás una interrupción del servicio de noticias, una pausa en la retransmisión o una página en blanco de vez en cuando serían la mejor respuesta.

La pregunta es cuántas muertes harán falta para convencernos de que el silenciamiento de un periodista es inaceptable. Toda muerte es una tragedia. Tantas muertes son algo incomprensible. Pero la muerte repetida de personas por una misma razón, una y otra vez, es simple y llanamente una atrocidad moral.

Este artículo puede ser reproducido libremente, en parte o en su totalidad, citando a WAN-IFRA como fuente. Abajo encontrará un enlace para su descarga.

Puede descargar el infográfico y reproducirlo libremente citando a IFEX y la campaña internacional para poner fin a la impunidad International Campaign to End Impunity.