El punto focal del conflicto es la controvertida "Ley de Medios", también conocida como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (No 26.522), aprobada por el Congreso de Argentina en octubre de 2009. El artículo 45 de esta ley limita el número de licencias de radiodifusión que cualquier medio de comunicación puede tener, y el artículo 161 establece un procedimiento para despojar las licencias de empresas que no cumplan los requisitos previstos en la misma. Los autores afirman que esto aumentará la pluralidad de medios mientras que los detractores consideran que la medida es una estratagema del gobierno para desmantelar el grupo que le es más crítico.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) apoya a Clarín en la disputa. "La medida permite la interferencia del gobierno en la prensa en nombre de mantener la diversidad de los medios de comunicación. Este es un argumento absurdo en la era digital, cuando los medios de comunicación son más diversos que nunca", dijo su gerencia en una declaración en diciembre del 2011. Un año antes, la asociación había expresado su preocupación sobre la constitucionalidad de la Ley, y el riesgo de censura: "el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue declarado como ‘anticonstitucional’ en una revisión judicial, pone en peligro la estabilidad económica de los medios de comunicación independientes y plantea serios problemas de censura del gobierno a través de sus requisitos de concesión de licencias. "

En un desafío a la aceptabilidad de la ley en virtud de la Constitución argentina, Clarín logró que se dictara una orden de restricción temporal. Aunque la Corte Suprema de Argentina no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, sí decidió en mayo que la orden de restricción expirará el 7 de diciembre de 2012. La administración Kirchner ha declarado que esto constituye una luz verde para empezar a despojar el grupo de noticias de sus propiedades y a subastarlas a otras empresas. Pero Clarín argumenta que 'el 7D', como ha pasado llamarse coloquialmente la fecha, no sucederá nada: mientras el juicio de fondo de inconstitucionalidad del articulo no se defina, este queda totalmente suspendido para el Grupo.

Retrocedamos unos cuantos años. Entre el 2003 y el 2007, durante la presidencia del difunto esposo y predecesor de la señora Kirchner, Néstor Kirchner, el gobierno de Argentina veía con buenos ojos a Clarín. Esto le permitió al conglomerado de medios acceder a noticias de último momento sobre decisiones gubernamentales y lucrativos acuerdos publicitarios, de acuerdo con un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En el 2007, fue el Sr. Kirchner quien aprobó la fusión permitiendo que Clarín tomara el control de una de las compañías de cable más grandes de América Latina, con lo que consolidó su posición dominante como mandamás en el mercado de medios del país.

El viento comenzó a cambiar en los primeros días del primer mandato de la ex primera dama. En el 2008, Clarín no estaba del lado del gobierno en su cobertura de las protestas de los campesinos en contra del aumento de los impuestos a las exportaciones agrícolas. El gobierno de Kirchner acusó a Clarín y La Nación, otro importante grupo independiente de medios de comunicación, de sesgar su cobertura debido a intereses empresariales. Más tarde, el gobierno publicó un informe de 400 páginas, alegando que las dos compañías de medios han actuado en connivencia con la dictadura militar que se apoderó del país entre los años 1976 y 1983 para ganar el control de un fabricante de papel prensa - alegaciones que ambos grupos negaron.

En el 2009, el gobierno revocó el derecho de Clarín a transmitir partidos de fútbol, que su cadena de televisión tuvo en el aire durante casi dos décadas, y se le permitió continuar transmitiendo por contrato hasta el 2014. Dos meses más tarde, la Ley de Medios fue promulgada. El propósito declarado de la ley es el de democratizar el acceso a la propiedad de los medios, y romper las estructuras monopólicas, limitando a 24 el número de ciudades en las que las compañías de cable pueden tener licencias de radiodifusión. Clarín, que posee más de 200 emisoras de televisión por cable así como canales de televisión de aire, estaciones de radio, periódicos, revistas, una compañía de cable y un proveedor de servicios de Internet- sufrirá considerablemente.

La necesidad de una nueva legislación de medios para el país es un hecho, incluso para Clarín. Los medios se resisten, sin embargo, al potencial de abuso en la aplicación de esta legislación por parte de un gobierno que ha mostrado poca reticencia en la manipulación del ambiente para los medios independientes. La Ley de Medios sustituirá a la Ley de Radiodifusión, que se impuso durante la dictadura en 1980. "Esa ley era tan vieja que se refería a la radio FM como a una nueva tecnología", dijo Jorge Fontevecchia, CEO de la Editorial Perfil, la empresa de publicaciónes más grande del país y editor del influyente periódico quincenal Perfil, a Editors Weblog en una entrevista por correo electrónico. "Es muy importante darle al actual panorama de los medios un marco normativo coherente", enfatizó, "esta ley se aplica a la distribución tangible del poder económico, socio-político y cultural en el país".

Fontevecchia también señaló que la legislación fue elaborada con la participación de la sociedad civil. "Esta ley es el resultado de un largo proceso que se inició con las diversas propuestas de las ONG y otras asociaciones", explicó. "Así se formó la  ‘Coalición para la Radiodifusión Democrática’ , que elaboró 21 puntos que una nueva ley de radiodifusión debe considerar. Entonces, el gobierno lanzó un proyecto inicial de la ley, y durante varios meses recibió sugerencias y comentarios con el fin de crear un segundo proyecto, que envió al Congreso el 28 de agosto del 2009".

La ley cuenta con partidarios de alto perfil, incluido Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, quien dijo que la misma era "una de los más avanzadas de América" y un "modelo" para la libertad de expresión. Entre sus alabadas características se encuentra el énfasis en dar licencias de transmisión a las comunidades locales y la exigencia de que las salas de cine pongan más películas locales al aire.

Sin embargo, los críticos ven la Ley de Medios en su encarnación actual como un intento del gobierno para sabotear los pocos medios independientes que son lo suficientemente potentes como para no estar de acuerdo con él, y consolidar su control sobre los actores regionales más pequeños que dependen de la publicidad oficial para sobrevivir . Según Roy Greenslade de the Guardian, se estima que el gobierno de Kirchner tiene ahora el control directo o indirecto de más del 80% de los medios argentinos. Henoch Aguiar, Ex Secretario de Comunicaciones de Argentina, advierte que la ley señala intenciones de mayor influencia. "Hay monopolios en Argentina pero están principalmente relacionados con los medios de comunicación del gobierno, no con Clarín", afirmó, según el Wall Street Journal. "El Gobierno está utilizando todos sus recursos para derribar a un enemigo y controlar aún más los medios de comunicación. Eso es grave."

Uno de los métodos del gobierno reportados para esgrimir su poder, es a través de la asignación de contratos de publicidad. El gobierno federal se convirtió en el mayor anunciante en el país en el 2010, gastando aproximadamente $ 279 millones para enviar mensajes a través de los medios de comunicación, en comparación a $ 10,5 millones en el 2003. Se lo conoce por tomar represalias contra sus críticos mediante la retención de sus anuncios en sus ondas, de acuerdo con Andrés D'Alessandro, Director Ejecutivo de FOPEA, un grupo local de periodistas. Las propiedades de televisión de Clarín, por ejemplo, funcionaron prácticamente sin ninguna publicidad del gobierno federal entre mayo y octubre del 2011, según un estudio realizado por Poder Ciudadano, un grupo sin fines de lucro.

En marzo del 2011, la Editorial Perfil, que al igual que Clarín y La Nación se conoce como una voz crítica e independiente, llevó al gobierno ante la Corte Suprema de Justicia por sus políticas de publicidad, y ganó el caso. El Tribunal dictaminó que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de "aplicar un equilibrio razonable" en la forma en que se distribuye la publicidad, según CPJ. Siete meses después, el gobierno había publicado ocho anuncios en las páginas de la publicación que lleva el mismo nombre que la editorial, uno de los cuales decía: "La editorial que publica este diario ha distinguido a empresas que hoy están siendo denunciadas por trata de personas y esclavitud laboral”.

Con el historial del gobierno en mente, el CEO de Editorial Perfil es a la vez optimista sobre el potencial de la Ley de Medios, y prudente acerca de la forma en que podría aplicarse. "Esta ley puede fomentar y facilitar un mayor desarrollo en la pluralidad de voces en los medios de comunicación si se aplica de manera general, de manera no discriminatoria, basada en la lógica de convocatoria de licitaciones abiertas, y la igualdad de oportunidades para todos", nos dijo Fontevecchia . "Pero en mi caso particular, es decir, el caso de Editorial Perfil, si puedo citar la asignación de la publicidad oficial como un ejemplo, tengo la sensación de que sólo veremos una proliferación de medios de comunicación públicos, protegidos por el Estado".

"Si [la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual] la implementa con una simple estrategia de persecución en contra de Clarín en lugar de tratar de hacer cumplir la ley en su conjunto, sólo veremos un monopolio reemplazado por otro controlado por el Estado cuyo futuro depende del gobierno en el poder ", continuó. "La ley de medios debe garantizar la pluralidad de voces, y no controlar el contenido. La presión es grande, y la apuesta más alta aún ... Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar ".

Fuentes: Wall Street Journal, Comité para Protección de los Periodistas, The Guardian, Instituto Internacional de la Prensa, Perfil